¡Escándalo en el caso Senasa! El juez Rigoberto Sena, desde el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, lanzó una advertencia contundente al Ministerio Público: ¡tienen solo 8 meses para cerrar la investigación contra los implicados en este megaescándalo de corrupción que sacudió al Seguro Nacional de Salud!
Al declarar el expediente como complejo –por la magnitud del presunto desfalco que supera los 15 mil millones de pesos–, el magistrado, que evaluó la solicitud de coerción contra el exdirector Santiago Hazim y su red, fijó ese plazo estricto para que los fiscales presenten su acusación final. ¡El reloj ya está corriendo!
Además, el juez limitó el arresto domiciliario impuesto a Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Cinty Acosta Sención a un máximo de ocho meses. Y no se anduvo con rodeos: ordenó un embargo real sobre propiedades de Read Estrella para garantizar que no se escape el botín.
¡Atención! El arresto domiciliario no es un paseo: solo podrá endurecerse si otro tribunal prueba que los imputados violaron las reglas. Pero Sena mostró un lado humano al exigir que se les concedan todos los permisos necesarios para visitas médicas o emergencias familiares urgentes, sin demoras absurdas. Incluso, regañó al Ministerio Público: ¡nada de burocracia innecesaria para tramitar solicitudes justificadas!
En cuanto a las garantías económicas, dio un ultimátum picante a Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo: siete días para depositar RD$1,000,000 cada una mediante fianza con una aseguradora. Si cumplen, van directo a casa; si no, ¡rumbo al Centro de Corrección de Najayo Mujeres hasta que paguen!
El golpe más duro cayó sobre los pesos pesados: 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo para Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. ¡Y no olvidemos a Santiago Hazim, el principal señalado, quien también irá a la sombra por año y medio!
Finalmente, las partes tienen 20 días para apelar esta decisión bomba. La resolución deja claro: la notificación por secretaría ya vale, y al día hábil siguiente arranca el conteo para cualquier recurso. ¡Este caso está que arde, y la justicia no da tregua en la lucha contra la corrupción que saqueó la salud de millones de dominicanos!
